Sobre Repsol, YPF y el Patoterismo

17 de abril de 2012

Algunos apuntes apuntes sobre la noticia del día para justificar mi equidistancia sobre los protagonistas:

Repsol no es una empresa del estado. Lo fue pero gracias a las políticas liberales del PSOE y del PP (en esto también están acuerdo) ya no lo es. Es una empresa “española” porque tiene su principal sede social en España pero poco más. Las reservas y activos de Repsol son de Repsol y no de España. Los éxitos exploratorios de Repsol sirven para aumentar el valor de la compañía en bolsa pero contribuye al estado español en la misma medida que cualquier otra empresa, española o no, que pague sus impuestos en este país. Ahí empieza y termina todo. ¿Genera empleo y actividad económica en España? Si, como Mc Donalds, Mercedes o Carrefour. No veo la diferencia.

En teoría el gobierno español no tiene voz ni voto en las labores ejecutivas de Repsol que como empresa privada puede hacer lo que quiera (dentro de la ley) y sólo tiene que responder ante sus ávidos accionistas. Puede por ejemplo subir el precio de los carburantes aprovechando su posición abusivamente mayoritaria en el oligopolio (ilegal) a pesar de que el precio del crudo baje. El gobierno (en teoría) no puede hacer nada. No tuvo nada que decir tampoco cuando decidió invertir 13000 millones de euros en la petrolera argentina YPF ni puede decir nada (en teoría) cuando entran de forma masiva accionistas extranjeros en el accionariado que un día podrían tomar el control de la empresa.

Hablando de accionariado, la españolidad del mismo es también dudosa. Partimos de que el 68% de las acciones son de mercado libre y que en teoría podrían estar todas perfectamente fuera de España pero analizando los datos de hoy vemos que los accionistas fijos son: 10% Sacyr, 12,8% Caixabank, 9,5% Pemex. Del 68% libre el 20,7% está en España, el 42% en el extranjero y el 5% es autocartera. Es decir, suponiendo que Sacyr y la Caixa son 100% españolas y que toda la autocartera también lo es, la españolidad de la compañía asciende al 48,5%

¿Quiere decir esto que yo creo que la expropiación de YPF es justa, sensata y legal? No. Quiero decir que el tema en cuestión desgraciadamente no es un problema de estado sino de defensa de los legítimos intereses de una empresa privada, con fuertes vínculos a la economía española, en Argentina. La respuesta de prensa, gobierno y autoridades debería ser coherente con las anteriores premisas y no recurrir al patriotismo “patotero” (que es lo que por otro lado hace y busca el gobierno argentino) para cuando tenga sentido. Si me preguntan mi opinión les diré que para mí Repsol debería seguir siendo una empresa nacional de hidrocarburos controlada por el estado español pero puesto que no lo es y no soy accionista mis vínculos con la empresa se diluyen hasta desaparecer.

Ahora bien, la venta de YPF a Repsol fue de acuerdo a la legalidad internacional y apoyada por el legítimo gobierno (democráticamente elegido) de la República Argentina. Ni el gobierno español ni Repsol tienen la culpa de que los argentinos tuvieran el gobierno que tenían o de valorar en su momento si dicha acción era beneficiosa o perjudicial para su país. Repsol, como empresa privada con ánimo de lucro que es (para lo bueno y para lo malo), buscó sus legítimos intereses en la zona y la inversión de 13000 millones de Euros es lo suficientemente suculenta como para que los calificativos de robo que periódicamente aparecen desde el talibanismo argentino resulten, como mínimo, hilarantes.

Es más, la actual jefe de estado argentina, esa señora que deja las definiciones de demagogia y populismo pequeñas para intentar definir su labor política, reclamó a los diputados nacionales de la provincia de Santa Cruz (septiembre de 1992) votar a favor de la privatización de YPF. Es decir, la propia señora de Kirchner fue partícipe en su momento de aquella transacción económica lícita y de acuerdo con toda la legislación vigente, dentro y fuera de la Argentina.

Cualquier país tiene derecho a reclamar la explotación de sus recursos naturales. Puedo incluso entender que cualquier país quiera recuperar unos activos que anteriormente ha vendido y sobre los que tiene un vínculo histórico significativo. El problema es la forma de hacerlo. Según las reglas del derecho internacional y democrático la forma lógica hubiese sido una declaración de intenciones (a ser posible exenta de patriotismo barato), la posterior solicitud a un árbitro independiente y aceptado por las dos partes de la valoración de los activos a expropiar y el pago del precio acordado. La forma de los sistemas mafiosos y autoritarios es sin embargo plantear unilateralmente las reglas, hacer el paripé de someterse a ellas y expulsar a la otra parte amparado en el criterio propio. Es decir, precisamente lo que ha propuesto el gobierno de doña Cristina.

2 comentarios:

ojo dijo...

Buena entrada, pero echo en falta dos datos:
- No es española pero tiene 17000 trabajadores en España.
- La expropian ahora que han descubierto el yacimiento de vaca muerta, encontrar el petroleo es muuuy caro.

milno brion dijo...

Ambos datos son ciertos pero faltan esos y muchos otros (de ambos lados, ojo).
Está claro que es una empresa influyente en la economía española (independientemente de su españolidad) y que la “expropiación” aparece en un momento “concreto”, es evidente, pero tampoco quería entrar en el terreno de la especulación y ceñirme los más posibles a datos contrastables.
Pero créeme, sé muy bien lo que cuesta encontrar petróleo. Mi cinismo para con estas cosas tiene que ver bastante que ver con ello.
Gracias por el comentario.