tres conclusiones sobre las elecciones

22 de noviembre de 2011

Mucha gente asocia el fastuoso día de elecciones a una rutina particular. Están los que ese día madrugan más que nunca para llegar los primeros, los que recogen un ejemplar de cada papeleta que luego nunca recuerdan dónde han dejado, los que votan justo después de comprar el pan, los que lo hacen justo antes del aperitivo del domingo,…. Yo, haciendo honor a mis gafas, lo asocio a pasarme el día siguiente jugando con los números.

Hace casi cuatro años, el día después de las elecciones de 2008 y como todos los día después de unas elecciones, el que suscribe estaba indignado por la ley electoral que rige eso que generosamente llamamos democracia en nuestro país. Orientado por las voces desubicadas y también alguna que otra voz periodística supuestamente ubicada (sin estarlo), uno estaba convencido de que el injusto reparto de escaños que imponía la ley electoral, y esa cosa llamada ley D’hont, favorecía de forma bochornosa a los partidos nacionalista. Craso error. Uno, que por imperativo moral es de ciencias y que tiene la suerte de ser un humilde chico de barrio acostumbrado a tener que encontrar en solitario las explicaciones a sus inquietudes, aquel día se puso a estudiar la manida Ley D’Hont, la ley electoral y a realizar cábalas con el resultado de las votaciones. Aquel día observé con estupor que la Ley D’Hont no sólo era válida sino que también era ingeniosa y que los partidos nacionalistas no se verían demasiado perjudicadas con un sistema de reparto de escaños que se ajustase mejor al porcentaje de votos. ¿No me creen? Aquel día escribí un artículo, La fiesta de la democracia, dónde se demuestra (con números) todo esto.

Pero si no quieren entretenerse con aquello, hoy (cuatro años después) la situación no ha cambiado demasiado. No ha cambiado nada en realidad. Hoy he vuelto a abrir la hoja de cálculo, he vuelto a poner los resultados de votos y he vuelto a aplicar la ley D’Hont a una única jurisdicción. En esta tabla se resumen los resultados:


Conclusiones:

1/ Ley D’Hont: Comparen las columnas que marcan el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños obtenidos. En un sistema justo ambos porcentajes deberían coincidir. El reparto de escaños debería representar proporcionalmente el criterio de los votantes. Esa es la definición de democracia, ¿no? Observen ahora la realidad. No es así. Sin embargo, el reparto hecho aplicando la Ley D’Hont a una única jurisdicción se acerca infinitamente más que el sistema que se utiliza actualmente. ¿Por qué ocurre? Es sencillo. La Ley D’Hont es una distribución estadística (muy ingeniosa y válida, insisto) que como cualquier distribución estadística (piensen por ejemplo en la curva de Gauss) es tanto mejor cuanto mayor es el muestreo. La ley electoral de nuestro país aplica la Ley D’Hont por provincias y ahí está el problema. La población disminuye demasiado, tanto que el método deja de ser válido para ese muestreo. El error que se comete es inmenso y no se ajusta a la realidad. Es en ese error tan grueso dónde se acumulan miles y miles de votos en cada provincia que se quedan sin verdadera representación. Moraleja: la ley D’Hont no es mala per se (como algún erudito vocifera desde las ondas). Lo que es pésima, desde el punto de vista de la lógica y la utilidad estadística, es su aplicación.

2/ Ganadores y perdedores. Si observan, para los partidos nacionalistas, la columna de escaños obtenidos según la jurisdicción única verán con sorpresa que la diferencia con los obtenidos realmente es generalmente de un solo escaño (en algún caso no hay diferencia y la excepción la pone Amaiur con 2 escaños menos, lo que se justifica con la desproporción entre diputados y votantes que se da en Gipuzcoa). No parece una diferencia demasiado significativa. Un escaño arriba o abajo. CIU, que sólo se presenta en Cataluña, sigue sacando 15 diputados, lo que para alguno puede suponer una sorpresa. Es así. Las matemáticas no fallan. Miren ahora a los partidos con presencia en todo el estado. PP sacaría 22 diputados menos. El PSOE sacaría 4 diputados menos. IU sacaría 14 diputados más y UPD 12. ¡Qué casualidad! Los 26 diputados que no le corresponden a PSOE/PP son los que les corresponden a IU/UPD. Es más, partidos como Equo (3 escaños) tendría tantos diputados como ERC y otros como el Partido animalista o Escaños en Blanco obtendrían representación. ¿A quién le perjudica entonces este sistema de reparto de votos? Obvio. ¿A quién le favorece? Obvio. ¿Quién podría cambiar la ley electoral? Obvio. ¿Por qué no lo hacen? Obvio también. Moraleja: la ley electoral actual favorece (mucho) a los dos partidos con más votos (bipartidismo) que son los únicos que pueden cambiarla y por esa misma razón no lo hacen. Los nacionalistas son básicamente espectadores en todo esto. No creo que pusiesen demasiados problemas al cambio. Su potencial escaño perdido lo compensarían con un mayor poder real al estar obligados los partidos grandes a negociar por estar en minoría.

3/ Espectro de partidos. Uno de los mantras más repetidos estos días es que “desgraciadamente” el número de partidos en el congreso se ha incrementado hasta límites “ingobernables”. ¿Ingobernables? ¿A qué se refieren? ¿Se refieren a qué un señor no puede hacer lo que le de la gana sin tener que negociar antes con los demás? ¿Se refieren a qué un señor dice que hay que hacer las cosas porque si y los que no están de acuerdo ni siquiera tengan la oportunidad de manifestar su inconformidad? ¿No es eso lo que pasa precisamente en las dictaduras? ¿Se trata entonces de elegir “democráticamente” al “dictador”? No lo sé. Lo que si que sé es que la realidad que marcaría un reparto más justo es todavía mucho más “cruda”. El número de partidos con representación sería en este caso incluso mayor. Me resulta ciertamente inquietante no obstante que eso resulte un “problema” para los analistas políticos y para nuestra “democracia”. Moraleja: el sistema electoral está diseñado para minimizar los partidos con representación en el congreso y para favorecer las mayorías absolutas que permiten gobiernos unidireccionales que no necesitan negociar con nadie. Es decir lo que han elegido el 32% de los ciudadanos (porcentaje de votantes del PP) se impondrá sin necesidad de negociación al 68% restante (la mayoría). ¿Tiene eso sentido?

¿Seguimos hablando de Democracia entonces? Venga, vale.